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Editorial
En lo que se refiere a la cuantificación de los menores no acompañados en España, los in-
tentos dirigidos a calcular su número han sido infructuosos y solo hay cifras aproximadas.
Se calcula que por cada víctima localizada existen más de veinte por localizar.
La gran parte de las entidades de infancia, abogan por un urgente desarrollo de planes para
resolver este problema social. Para ello, las políticas del Gobierno deben someterse a un
cambio radical y es urgente dar una respuesta gubernamental a las obligaciones legales con
la infancia que se han ratificado. En la actualidad existe un vacío obsceno de la intervención
del estado, mientras los datos dramáticos van alarmantemente incrementándose. Tampoco
se han dotado medios para formar personal especializado y capacitado en la problemática
de estos menores. La crisis económica para no dotar de fondos estas intervenciones debe
dejar de ser excusa para disfrazar los verdaderos motivos del incumplimiento legal más
cercanos a la desidia, a la insensibilidad y a la incompetencia.
Unicef y la totalidad de las organizaciones de infancia reiteran su llamamiento para la
adopción inmediata de estas medidas de protección para los niños migrantes y refugiados
no acompañados en España ante el descuido actual del gobierno de sus más elementales
obligaciones. Muchos jóvenes se escapan de los centros de acogida con objeto de reunirse
con sus familias ya que durante el tiempo en que ha durado su tutela no han tenido una
información que pudiera darles alternativas de reunificación familiar y no se les ha transmi-
tido la tranquilidad suficiente de los pasos a dar en un próximo futuro.
Como medida inicial es preciso conseguir que los centros destinados a albergar a menores
de edad con estas características sean abiertos y tengan un claro objetivo de protección y
satisfacción de todas las necesidades básicas de sus usuarios. En las primeras 72 horas deben
recibir información adaptada a su edad, contar con un tutor legal y antes de 90 días tienen
que reunirse con sus familiares y ser trasladados cuanto antes al país que va a atender su
solicitud. Todas las decisiones han de tomarse tras escucharles sus motivos de huida y de
su temor y valorar lo que más les conviene. En definitiva aplicar el llamado interés superior
del menor previsto por la Convención de Derechos del Niño y reforzar la acción a través del
Reglamento de Dublín que se está revisando en la actualidad.
Los mecanismos de regulación y de identificación deben tener la consistencia suficiente
para acompañar en el proceso a los jóvenes. Este mecanismo debe funcionar desde el pri-
mer momento de la detección. Es fundamental para que el rastro de los niños no se pierda
de La propuesta sobre la reforma del Sistema Europeo de Asilo puede ser un punto de in-
cuando las rutas de inmigración se han vuelto más peligrosas por el cierre de las fronteras de
acceso a la U.E. y se ha incrementado el peligro de caer en manos de traficantes.
flexión para el cambio. La Unión Europea y España deben tomar cartas inmediatas en la
protección y en el acompañamiento del niño y demostrar así su inequívoca vocación de
defensores de la infancia en dificultad social. Lo contrario demostrará niveles de ineficacia
extrema y lo que es peor, una insensibilidad ante los niños en riesgo rallana en el delito.
la infancia
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